Amnistía Internacional se hace eco de la presión de cinco organizaciones que instan al Gobierno a que garantice el acceso universal a la salud.

Cinco organizaciones exigen al Gobierno que cumpla con las advertencias de Naciones Unidas sobre el acceso a salud

Madrid.- Cinco organizaciones instan al Gobierno español a que cumpla con las peticiones de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda, quien ha exigido hoy a las autoridades españolas que garanticen el acceso universal a la salud. Sepúlveda, ante la respuesta del Gobierno a una carta de seis relatores de Naciones Unidas con preocupaciones por el impacto negativo del Real Decreto Ley 16/2012 (RDL) sobre los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, ha recordado que España tiene obligaciones en materia de salud, también con respecto a las personas migrantes, independientemente de su situación jurídica. Asimismo, la Relatora ha insistido en que “los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales”. En ese sentido, las organizaciones han aplaudido las preocupaciones y las exigencias de Naciones Unidas y han rebatido la respuesta que el Ejecutivo español ha ofrecido ante la carta de los seis relatores.

Los Relatores y Expertos Independientes de Naciones Unidas se dirigieron al Gobierno español el pasado mes de noviembre mostrando su preocupación por el impacto de las medidas de austeridad en las personas con bajos recursos y también sobre el acceso de las personas migrantes en situación irregular al derecho a la salud.

En su respuesta, del pasado mes de enero, el Gobierno desestimaba  las consecuencias negativas del RDL y justificaba su adopción para hacer frente al déficit financiero del país. Según el Ejecutivo, hasta la fecha se han ahorrado 4.9 millones de euros. Sin embargo, no se menciona el origen de los datos ni la metodología de cálculo de este ahorro. Tampoco se ofrecen datos del potencial coste económico que podría tener limitar el acceso a la atención sanitaria gratuita a determinados colectivos.

Ante esta situación, las organizaciones, la Alianza española contra la pobreza, Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo y Red Acoge, rebaten los argumentos aportados por el gobierno en su respuesta a Naciones Unidas.

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